Dentro del análisis de la compleja situación que sufrió el pueblo de
l’Alcora durante la I Guerra Carlista, no podía faltar una pequeña reseña el posicionamiento
ante la misma, del que había sido su
señor jurisdiccional, D. José Rafael Fadrique de Silva Fernández de Híjar, XII
Duque de Híjar, el cual seguía siendo propietario de la Real Fábrica de Loza y
Porcelana, por entonces principal actividad económica de la villa.
El Duque de Híjar
fue desde 1800 Gentilhombre de Cámara del Rey Carlos IV, Fernando VII le
nombró en 1824 sumiller en Corps, que se correspondería en la actualidad al de
jefe de la Casa Real, tras la muerte del rey continuó como sumiller de la reina
Isabel II, hasta 1854.
Otro cargo que desempeño de 1826 a 1838, fue el de
director del Museo del Prado, cargo
desde el cual realizó una gestión muy elogiada. A la muerte de Fernando VII el
29 de septiembre de 1833, se temió por el reparto de las obras de la colección
del museo, pues todos los objetos
muebles, a excepción de las joyas y piedras preciosas, eran consideradas de
libre disposición de sus herederas Isabel II y su hermana Luisa Fernanda, el
Duque consiguió que las obras del museo se adjudicaran a Isabel y indemnizar en
correspondencia a su hermana, con lo que se logró que la colección del museo
permaneciera unida, un personaje capaz de influir de esta manera en la casa
real, debía de contar con la confianza de la Reina gobernadora. Consta que el
Duque fue albacea del testamento de Fernando VII.
A pesar de su situación, en el entorno de la
familia real, hay constancia de que el Duque mantuvo contactos con el
pretendiente D. Carlos, y al parecer había aconsejado al rey la derogación de
la pragmática sanción en septiembre de 1832.
El Estatuto Real promulgado por la Reina gobernadora,
María Cristina en Mayo de 1834, contemplaba la existencia de una Alta Cámara
con en nombre de Cámara de los Próceres, los cuales eran nombrados directamente
por María Cristina, esta aprovechó esta facultad para nombrar próceres a los
miembros de la alta nobleza que se decantaban a favor de D. Carlos, muchos de
los nobles rehusaron el nombramiento, sin embargo el duque de Híjar lo acepto,
incluso tuvo que hacer el esfuerzo de actualizar sus títulos, pues la comisión
de aceptación denegó su ingreso, por
considerar no los tenía registrados.
Entre Mayo y Julio de 1838 se lleva a cabo una
clasificación secreta de los empleados de palacio en la que todos los
mayordomos de semana y gentilhombres, incluso el sumiller en corps, son
conceptuados como carlistas, excepción del duque de San Lorenzo del Parque y
del marqués de Ceballos, que eran progresistas. Del duque de Híjar consta lo
siguiente:
“Duque
de Híjar, Sumiller; Desafecto a S.M. por su adhesión al partido carlista.
Aparentemente simulado, está entregado en todo a la dirección de su contador
D.N. Flores, quien se influencia a la Junta Carlista, conspira con ella,
protege a los partidarios y además por su conducto se ha remitido dinero a la
facción, con conocimiento del duque y de su misma propiedad”
En los días siguientes a la confección de este
informe fueron detenidas 111 personas por desafectas y expulsadas de Madrid, el
duque de Híjar no estaba entre la mismas, se sabe que en 1838 ya en
funcionamiento la constitución progresista de 1837, y con el gobierno de
Evaristo Pérez Castro, el enfrentamiento
del gobierno con la reina gobernadora fue constante, lo que hace suponer que el
informe persiguiera el debilitar a la Corte, acusando de desafectos a los nobles que le daban soporte.
La inclusión en el informe es lo que ha
determinado, que en muchos escritos de considere que le duque de Híjar fue
partidario del bando carlista, sin embargo es muy extraño que siguiera en el
cargo de sumiller hasta 1854.
En la Gaceta de Madrid (B.O.E) de 14 de diciembre
de 1837 se publica el siguiente manifiesto de Duque con motivo de haber sido
propuesto como Senador por la provincia de Lugo. ( en esta provincia la casa de
Híjar había poseído el condado de Ribadeo):
“Lugo
6 de diciembre.
El excno. Sr, duque de Híjar ha dirigido a estos electores la manifestación
siguiente:
El dique de Híjar, conde de Aranda &c. , sumiller de Corps de S.M. , no
puede menos que tributar las mas expresivas gracias a los Sres. Electores de la
benemérita provincia de Lugo por haberle honrado con sus sufragios que le
produjeron el alto honor de haber sido propuesto para Senador por esa
provincia, cuyo honorifico cargo mereció a la bondad de S,M.; pero hallándose
firmemente presuadido de que sin la exacta observancia de las leyes, están
demás la mejores instituciones, se creyó en la obligación de exponer a S.M. con
la mas humilde veneración su incapacidad legal como jefe de la Real casa,
excluido por el par. 1, art. 57, cap. 5 de la ley electoral de 18 de Julio de
este año. Previendo que así lo estimaría el Senado. Como en efecto lo ha
estimado en sección de 22 del corriente.
Si le es sensible esta circunstancia que no pudieron tener presente los Sres. Electores de la provincia
de Lugo, es solo por no poderse emplear es su obsequio, o mejor dicho en su
bienestar, contribuyendo con su humilde voto para cuando fuese dirigido al restablecimiento
de la paz que es la primera necesidad que hoy tienen los pueblos y por la que dirige sus plegarias al
Altisimo. Madrid 29 de Noviembre de 1837. = S. El duque de Híjar, marques de
Orani, conde de Aranda. (B.O.)”
El Duque de Híjar fue Prócer del Reino con el Estatuto Real todo el
periodo que estuvo en vigor (1834-1836 y Senador Vitalicio con la Constitución
Moderada de 1845, de 1845 a 1863.
Con la información recogida no es posible
determinar que el Duque apoyase a la facción carlista, podría simpatizar con la
misma, pero es improbable su abierta
pertenencia, teniendo en cuenta el cargo que desempeñaba en la Corte.
En cuanto a l’Alcora parece que la pertenencia
del duque a una fracción determinada no
tuvo ninguna relevancia sobre el desarrollo de la guerra en su entorno, tenemos
constancia que el pueblo tuvo que indemnizar a la fábrica por robo en la misma
por la fracción Carlista (B.O.P.
26-11-1839), la cantidad de 3.176 reales 17 Mrs., de ser su dueño partidario de
la fracción, posiblemente los prohombres “liberales” de la Diputación de
Castellón no hubieran sido tan solícitos en la defensa de sus bienes.
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